Así lo plantea CERMI Mujeres en el documento de propuestas de enmiendas que ha elaborado al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en fase de consulta pública y por tanto abierto a aportaciones de la ciudadanía.

 

Diferentes estudios muestran que España se mantiene en las últimas posiciones de los países desarrollados en materia de inserción femenina en el mercado laboral, repitiendo en el puesto 28, de los 33 países analizados. Los resultados de estos estudios sitúan la brecha salarial ajustada en España, entre un nivel mínimo de 9,1 % y un máximo de 22 % para el sector privado, y de un 7 % para el público.

 

En relación a la brecha salarial entre las personas trabajadoras con y sin discapacidad (hablando de salario bruto), se mantiene estable en los últimos años y se sitúa en 4.000 euros. Así, las personas sin discapacidad han visto incrementar paulatinamente sus ingresos, mientras las personas con discapacidad han experimentado fluctuaciones en sus salarios, que han disminuido en algunos ejercicios, hasta que en 2017 se incrementaron de nuevo.

 

La Fundación CERMI Mujeres considera que una normativa encaminada a fortalecer el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres a través de medidas de transparencia salarial podría incidir positivamente en las mujeres con discapacidad, siempre que se cumplan algunas condiciones como que la información relativa a la transparencia salarial debe estar a disposición de todas las mujeres con discapacidad en varios formatos accesibles de comunicación, incluyendo formato de lectura fácil y documentos digitales accesibles.

 

También la legislación debe establecer sanciones eficaces y proporcionadas para las empresas, así como medidas compensatorias para las víctimas de discriminación y las indemnizaciones deben estar a disposición de todas las mujeres, independientemente de su situación de capacidad jurídica modificada (por ejemplo, en regímenes de tutela o curatela).

 

De igual modo, los órganos de igualdad deben disponer de acceso a los informes salariales y contar con los medios necesarios para prestar apoyo en caso de denuncia de desigualdades salariales por parte de mujeres con discapacidad.